La Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia rechazó la demanda que buscaba anular la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato a la Presidencia. La decisión respondió a una solicitud de nulidad contra el acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que formalizó la inscripción del abogado y precandidato presidencial para los próximos comicios.

La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó la demanda que buscaba tumbar la aspiración presidencial del representante de la ultraderecha.

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez concluyó que la acción legal fue presentada contra un acto que no puede ser objeto de control judicial en esta fase del proceso electoral. Según explicó el alto tribunal, la inscripción de una candidatura constituye un simple trámite administrativo y no una decisión definitiva que ponga fin a una actuación administrativa.

Al respecto, la corporación indicó en su providencia: “Revisado el contenido de la demanda, el despacho advierte que el acto demandado no constituye un acto susceptible de control judicial, pues no contiene una decisión de fondo que culmine una actuación administrativa”.

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El demandante sostenía que el trámite no cumplía los requisitos legales y constitucionales exigidos para aspirar a la Presidencia. Argumentó que De la Espriella posee tres nacionalidades —colombiana, italiana y estadounidense— y no ha renunciado a ninguna de ellas, lo que a su juicio vulneraba los principios constitucionales que regulan el acceso a cargos de elección popular.

El debate jurídico y político se centró en la triple nacionalidad de De la Espriella y un presunto conflicto de lealtades. El precandidato nació en Colombia, heredó la nacionalidad italiana de sus abuelos maternos y, tras varios años en el exterior, obtuvo la ciudadanía estadounidense en febrero de 2023.

Una treintena de exmagistrados y académicos advirtieron sobre esta situación, señalando que para naturalizarse en Estados Unidos los nuevos ciudadanos deben realizar un juramento de lealtad.

En ese acto la persona naturalizada declara bajo juramento que renuncia “absoluta y enteramente” a toda lealtad hacia cualquier otro Estado o soberanía. Ese dato importa porque el juramento implica compromisos que —según los expertos— son incompatibles con la Presidencia. A su juicio, esto genera un conflicto de lealtades y un obstáculo con las funciones que tendría que ejercer como Presidente de Colombia, como la defensa de su soberanía e integridad territorial.

Sin embargo, la Constitución Política de Colombia es clara al no prohibir que un candidato presidencial tenga más de una nacionalidad, estableciendo como única condición para aspirar al cargo ser ciudadano colombiano. La Carta Magna no exige la renuncia a otros pasaportes para ejercer el Poder Ejecutivo.

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